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Nuestro Blog

Hace unos días el hijo de un conocido, fallecido recientemente, me hizo ver el desasosiego que le causaba la práctica imposibilidad de consultar con alguien que le asesorara sobre las obligaciones tributarias y de todo tipo que generaba la muerte de su padre.

No se me oculta que en estos tristísimos momentos muchas personas unen al dolor por la pérdida de un ser querido la angustia de desconocer qué tienen que hacer, qué trámites tienen que seguir para dividir y adjudicar la herencia y, sobre todo, liquidar los impuestos que genera. Intentaré aclararle, en la medida de mis posibilidades, como hice con el hijo de mi conocido, cuáles son esas obligaciones y qué tiene que hacer para cumplir con ellas o, para ser más exactos, no incumplirlas.

No creo que se le oculte a nadie la extraordinaria complejidad de los actos necesarios para dividir y adjudicar la herencia de una persona, incluso cuando hay acuerdo entre sus herederos, y las innegables dificultades que entraña, en casi todos los casos, liquidar los impuestos de sucesiones o plusvalías.

Que nadie se llame a engaño, este post no es una guía rápida de cómo dividir la herencia y liquidar los impuestos que la gravan, no creo en el bricolaje jurídico y mucho menos en estos casos, pretende, nada más, y tal vez nada menos, que ser una guía de primeros auxilios para evitar que, tras la muerte de su familiar, la apisonadora de Hacienda lo termine de aplastar.

Como siempre, le recomiendo que busque el asesoramiento de su abogado de confianza, pero si en estas fechas, en las que todos estamos recluidos, le es difícil dar con alguien, siga leyendo y sepa cómo llegar al final del confinamiento en las mejores condiciones para cumplir con las obligaciones tributarias que toda herencia acarrea o, lo que es lo mismo, alargar los plazos de presentación de los impuestos para ganar tiempo y poder consultar con su abogado cuando la situación le permita buscar ayuda con más facilidad.

Es muy importante que sepa que el Real Decreto que estableció EL ESTADO DE ALARMA NO SUSPENDE LOS PLAZOS PARA LA PRESENACIÓN DE LOS IMPUESTOS DE SUCESIONES Y PLUSVALÍAS. El apartado 6 de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, establece que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en su apartado 1 (suspende los plazos administrativos, en general) no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

¿Qué significa esto? Pues que, como le digo, los plazos para presentar las declaraciones y autoliquidaciones de los impuestos de sucesiones y plusvalías (los que gravan la adquisición por herencia) no se han visto afectados por la declaración del estado de alarma y hay que presentarlos en los plazos que establecen las normas que los regulan (6 meses en ambos casos, contados desde el fallecimiento). Esto plantea problemas porque otros plazos administrativos sí se han suspendido, lo que podría dificultarle las gestiones necesarias para, por ejemplo, averiguar qué bienes tenía el fallecido y retrasar la presentación de las autoliquidaciones de ambos impuestos.

Para tranquilizarle, debe saber que la ley prevé la posibilidad de prorrogar por seis meses más (hasta un año en total) el plazo de presentación de los impuestos de plusvalías y sucesiones y de suspender el plazo de presentación de este (más adelante veremos en qué se diferencia prórroga y suspensión). Para mayor tranquilidad debe saber que las comunidades autónomas han adoptado medias en relación con el plazo del impuesto de sucesiones, algunos ayuntamientos también han suspendido el plazo de presentación del impuesto de plusvalías (por ejemplo Madrid). Al final del post les he puesto enlaces a la normativa especial dictada por cada una de las comunidades autónomas. En lo que se refiere a Andalucía, comunidad autónoma en la que resido, el artículo 4 del Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo (en la redacción dada por el Decreto-Ley 8/2020, de 8 de abril), ha ampliado en tres meses el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del impuesto de sucesiones que coincidan, en todo o en parte, con la vigencia del estado de alarma o con el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de mayo de 2020 si el cese de la vigencia del estado de alarma se produjera con anterioridad. Además, amplía también en tres meses el plazo para solicitar la prórroga del plazo de presentación de la autoliquidación a la que se refiere el art. 68 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones. En lo que respecta al impuesto de plusvalías tendrá que preguntar en su ayuntamiento.

Lo que debe hacer, pues, es, con independencia de que se hayan suspendido o no los plazos de presentación en su comunidad autónoma, conseguir la prórroga del plazo de presentación de los impuestos que gravan la herencia, eso le dará un mayor margen de maniobra y tranquilidad; el cometido de este post es precisamente ese: mostrarle qué tiene que hacer para prorrogar esos plazos. Adjunto unos formularios dirigidos al ayuntamiento, al organismo competente de la comunidad autónoma y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para ayudarle solicitar la prórroga de estos impuestos.

Pero antes de rellenar los formularios sepamos qué impuestos gravan la herencia, qué plazos tenemos para liquidarlos y de qué plazo disponemos para solicitar su prórroga.

Vamos a ello. Tiene que saber que la adquisición de bienes por causa de muerte (mortis causa), bien sea por herencia, por legado o cualquier otro título sucesorio, está gravada por dos impuestos: el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (más conocido como impuesto sobre plusvalías). Como probablemente sabrá, el primero es un impuesto estatal cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas y el segundo es un impuesto municipal.

En consecuencia, el impuesto de sucesiones se presenta ante el organismo competente de la comunidad autónoma (Consejería de Hacienda, Agencia Tributaria autonómica, etc.), aunque también puede ser competente el Estado en algunos casos, y el segundo ante el ayuntamiento del lugar en el que se encuentra ubicado el inmueble de naturaleza urbana.
El primer escollo, pues, será saber qué Administración es la competente para liquidar los impuestos, es decir, dónde deben pagarse los impuestos, porque será también la competente para resolver sobre la prórroga del plazo de presentación de las liquidaciones.

En el caso del impuesto de plusvalías la cosa es relativamente sencilla pues la liquidación del impuesto, y la solicitud de prórroga, habrá que presentarla en el ayuntamiento en el que se encuentre ubicado el bien inmueble de naturaleza urbana (la adquisición por herencia de bienes rústicos, aunque parezca obvio conviene aclararlo, no está sujeta a este impuesto). Ojo porque eso significa que si Vd. hereda dos bienes inmuebles urbanos, cada uno de ellos en un municipio distinto, tendrá que pagar un impuesto de plusvalías en cada municipio y, consecuentemente, solicitar la prórroga del plazo de presentación en cada uno de los ayuntamientos.

En el caso del impuesto de sucesiones el lugar de presentación del impuesto, la legislación aplicable y el lugar en el que debe solicitarse la prórroga del plazo de presentación del impuesto dependerá de dónde tuviera su última residencia el fallecido (causante). No importa que tuviera inmuebles en varias comunidades autónomas ni dónde resida Vd., lo determinante es dónde tuvo su última residencia el fallecido, pues será en la comunidad autónoma donde estuviera esta en la que tendrá que pagar el impuesto y pedir la prórroga del plazo de presentación. Debe tener en cuenta que en Derecho tributario se considerará que una persona física tiene su residencia en el lugar en el que permanezca más de 183 días durante el año natural (art. 9.1 a) de la Ley del Impuesto sobre el IRPF).

Si el fallecido o el heredero o los dos residían en el extranjero la cosa se complica algo más.  Si este es su caso, en el siguiente enlace de la Agencia Tributaria encontrará un cuadro en el que se resumen los distintos supuestos que pueden darse (en función del lugar de residencia de fallecido y heredero) con la competencia (estatal o autonómica) y la normativa (estatal o autonómica) aplicable a cada uno de ellos.

En el supuesto más común, que tanto el fallecido como los herederos sean residentes en España, será competente para liquidar el impuesto de sucesiones, como ya he adelantado, el organismo de la comunidad autónoma en la que tuviera su última residencia el fallecido. En los demás casos, por lo que aquí nos interesa, cuando el fallecido o el heredero o, en su caso, legatario no sean residentes en España (uno de ellos o los dos) será competente el Estado y la liquidación del impuesto o la solicitud de prórroga del plazo de presentación habrá de presentarse en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En cualquier caso, si tiene dudas sobre cuál es el lugar de residencia, presente la solicitud de prórroga en todas las administraciones con posibles competencias, las consecuencias de presentar la petición en una administración incompetente son nimias comparadas con las que tendría si se le pasase el plazo de presentación del impuesto.

Aclarada cuál es la Administración competente para resolver nuestra solicitud de prórroga del plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto, pasemos a ver de qué plazo disponemos.

Plazos

Impuesto de sucesiones

El plazo de presentación del impuesto de sucesiones es de seis meses, contados desde el día del fallecimiento del causante, es decir, la persona a la que se hereda (art. 67.1ª) del Reglamento del Impuesto de Sucesiones).

El plazo puede prorrogarse (art. 68 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones) y suspenderse (art. 69 del Reglamento del Impuesto de Sucesiones). Ojo porque LA PRÓRRGA HAY QUE SOLICITARLA DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS MESES DEL PLAZO, es decir, dentro de los cinco meses siguientes al fallecimiento. Si la persona falleció, pongamos por caso, el 18 de marzo de 2020, tendremos de plazo para solicitar la prórroga hasta el 18 de agosto de 2020. Esto es muy importante porque el Reglamento del Impuesto de Sucesiones prevé (art. 68.4) que no se concederá prórroga cuando la solicitud se presente después de transcurridos los cinco primeros meses del plazo de presentación.

La prórroga supone que el plazo de presentación de la autoliquidación (inicialmente seis meses) puede ampliarse por otros seis meses. La Ley no establece qué motivos pueden justificar la petición de prórroga por lo que en principio se puede alegar cualquier causa razonable que determine la insuficiencia del plazo legal de seis meses para presentar la autoliquidación o declaración del impuesto de sucesiones. La situación de anormalidad que estamos viviendo con unas limitaciones notables a la libertad deambulatoria, dificultad de acceso a archivos, notarías, registros, etc. justifica sobradamente, en mi opinión, la concesión de la prórroga.

La prórroga la pueden solicitar los herederos, albaceas o administradores del caudal relicto.

Para facilitarle el trabajo acompaño, como anexo, a este post un modelo de solicitud de prórroga del plazo de liquidación del Impuesto.

Con la solicitud de prórroga debe adjuntar certificado de defunción del causante. En la solicitud de prórroga tiene que hacer constar el nombre y domicilio de los herederos declarados (si tenemos testamento o declaración de herederos) o presuntos (a falta de testamento o declaración de herederos) y su grado de parentesco con el fallecido. También tenemos que indicar la situación y el valor aproximado de los bienes y derechos que conozcamos del fallecido y, como ya he dicho, los motivos en que se fundamenta la solicitud. Es aconsejable que, para acreditar quiénes son los herederos, aporte, si dispone de ellos, los certificados de últimas voluntades, certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, testamento o, en su caso, declaración de herederos.

Nuestra solicitud, acompañada del certificado de defunción y los otros documentos (más adelante le digo cómo obtenerlos sin salir de casa), la presentaremos en la administración autonómica o estatal competente, a la que ya nos hemos referido.

Si por cualquier razón no ha podido obtener el certificado de defunción o cualquiera de los documentos que he indicado y está próximo a finalizar el plazo de cinco meses para la presentación de la solicitud de prórroga, preséntela sin el certificado y sin los demás documentos, manifestando en el escrito las razones por las que no le es posible acompañarlo.

¿Cómo sabremos que nos han concedido la prórroga? La Administración debe notificárnoslo, pero si transcurrido un mes desde la presentación de la solicitud no se nos ha notificado el acuerdo otorgándonos o denegándonos la prórroga, se entenderá concedida esta.

En caso de denegación de la prórroga, el plazo de presentación de la autoliquidación o declaración del impuesto de sucesiones se entenderá ampliado en los días transcurridos desde el siguiente al de la presentación de la solicitud hasta el de notificación del acuerdo denegatorio. En ese caso es como si se detuviera el cómputo del plazo. Eso sí, si como consecuencia de esta ampliación, la presentación de la autoliquidación o declaración tuviera lugar después de transcurridos seis meses desde el fallecimiento del causante, tendremos que abonar intereses de demora por los días transcurridos desde la terminación del plazo de seis meses.

En cualquier caso, si se le concede la prórroga, bien porque se le notifique expresamente su concesión, bien porque no se le comunique nada en un mes, la prórroga comenzará a contarse desde que finalice el plazo de seis meses desde el fallecimiento del causante y llevará aparejada la obligación de satisfacer el interés de demora correspondiente hasta el día en que se presente la autoliquidación o la declaración.

¿Qué pasa si no presento la autoliquidación o declaración dentro del plazo de prórroga? Pues que la Administración competente podrá girar liquidación provisional en base a los datos de que disponga, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

Nos quedaba por saber que es la suspensión y en qué se diferencia de la prórroga. La suspensión del plazo de presentación de la autoliquidación se puede solicitar cuando se promueva litigio o juicio voluntario de testamentaría. En estos casos se suspenderá el plazo para presentar la declaración o autoliquidación del Impuesto de Sucesiones, empezando a contarse de nuevo desde el día siguiente a aquel en que sea firme la resolución definitiva que ponga término al procedimiento judicial. La suspensión, pues, se solicitará siempre tras iniciar un proceso por lo que nos olvidaremos de ella por el momento. Si finalmente hay que entablar un litigio será su abogado quien se ocupe de solicitar, si lo estima oportuno, la suspensión del plazo de presentación del impuesto de sucesiones, pues nada impide solicitar la suspensión cuando ya el plazo está prorrogado.

Impuesto sobre plusvalías

Como he dicho antes el plazo de presentación del impuesto de plusvalías es también de seis meses desde la fecha de fallecimiento del causante (art. 110, 2, b) de la Ley de Haciendas Locales) y podrá prorrogarse por otros seis meses. En este caso la prórroga podrá solicitarse dentro de los seis meses contados desde el fallecimiento del causante.
A la solicitud, como en el caso de la de del impuesto de sucesiones, debe acompañar el certificado de defunción del causante para acreditar el hecho de la defunción y la fecha. También es aconsejable que aporte, si dispone de ellos, los certificados de últimas voluntades, certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, testamento o, en su caso, declaración de herederos. Si no dispone de ellos, le digo lo mismo que en el caso del impuesto de sucesiones, preséntelo antes de que termine el plazo.
El certificado de defunción (habitualmente nos lo proporciona la funeraria, pero si no lo hiciera se puede conseguir gratuitamente en el Registro Civil, también online y por correo, así que tranquilo). Cuando redacto esto no es posible, debido a la situación generada por el coronavirus, obtener el certificado de últimas voluntades y el certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento presencialmente, aunque sí es posible online y por correo. En estos enlaces le explican cómo hacerlo: certificado de últimas voluntades y certificado de contratos de seguro. El certificado de defunción es gratuito, como le he dicho, pero por los certificados de últimas voluntades y de contratos de seguro tendrá que pagar una tasa de 3,78 € por cada uno, en los anteriores enlaces le explican dónde y cómo pagarla.

Una vez obtenido el certificado de últimas voluntades, podrá saber si la persona fallecida hizo testamento y, en caso de haberlo hecho, cuál fue el último y ante qué notario lo otorgó. Si hizo testamento tiene que obtener una copia en la notaría en la que lo hizo y, en caso de que la notaría haya desaparecido, en la que se haya hecho cargo de su protocolo (el archivo del notario) o en el Colegio Notarial correspondiente. En la web del Consejo General del Notariado podrá encontrar en qué notaría se encuentra el testamento. No será fácil conseguirlo en estos días, en los que solo se realizan en las notarías actuaciones urgentes ( así lo acordó el Consejo General del Notariado, por instrucción de 15 de marzo de 2020). Mi recomendación es que intente contactar por teléfono o por correo electrónico con la notaría y siga sus instrucciones. Si no lo consigue, no se preocupe, no es preceptivo presentar el testamento con la solicitud de prórroga, ya lo conseguirá más adelante.

En caso de que el fallecido no haya otorgado testamento tendrá que promover acta de declaración de herederos, pero eso no es necesario para solicitar la  prórroga de los impuestos de sucesiones y plusvalías, ya lo hará más adelante con el asesoramiento de su abogado, para entonces ya estará prorrogado el plazo de presentación de los impuestos, así que no se preocupe por esto ahora.

Le dejo aquí enlaces a las normas que han dictado las comunidades autónomas, con ocasión del estado de alarma, en relación con el aplazamiento y prórroga del impuesto de sucesiones. Espero que, como el resto del post, le sean útiles. Tenga en cuenta que la normativa es cambiante, y en estos tiempos más, así que asegúrese de su vigencia.

Andalucía

Aragón

Cantabria

 
Castilla y León
 
 
 
Además, en la web de la Consejería de Economía y Hacienda encontrará un modelo de solicitud de prórroga.
 
Cataluña
 
En la web de la Agencia Tributaria de Cataluña se aclara la fecha inicial de las suspensión.

Extremadura
 
Galicia
 
  
Islas Baleares
 
 
Islas Canarias
 
 
Madrid

 
 
Murcia

Navarra
 
 
Principado de Asturias

Diputaciones vascas
 
Álava
 
 
Vizcaya

 
Guipúzcoa

Castilla La Mancha

La Rioja
 

El misterioso caso del artículo 159

01 May 2020 Escrito por
Publicado en Blog
Estos días, como tantos otros abogados, ando enredado con el estudio del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, norma que afecta al futuro inmediato de mi profesión.

Pues bien, como digo, andaba enfrascado en el estudio de este nuevo Real Decreto cuando me sorprendió encontrarme, en su disposición adicional tercera, con una nueva modificación del art. 159 de la Ley de Contratos del Sector Público; digo nueva porque este artículo se modificó hace apenas una semana, en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

La contratación administrativa no es mi especialidad ni es materia a la que yo suela dedicarle mi atención. No obstante, me pareció enormemente extraña la modificación del mismo artículo de una norma tan delicada como la Ley de Contratos del Sector Público apenas seis días después de haber sido modificada y aprovechando un RD dirigido a regular medidas procesales en el ámbito de la Administración de Justicia, algo que, en apariencia, no tiene nada que ver con el contenido del art. 159 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Las modificaciones, como puede ver, se limitan a los incisos d) y f) del apartado 4 del art. 159. En el cuadro que inserto más adelante he puesto, en tres columnas las redacciones dadas a estos incisos en las tres normas: en la primera columna he insertado la redacción original, en la segunda la que dio el RDL 15/2020 y en la tercera la última, por ahora, que le ha dado el RDL 16/2020. 

Como puede comprobar, en la primera modificación, la introducida por el RDL 15/2020, se limitaron a suprimir del inciso d), único modificado por el RDL 15/2020, el primer párrafo y a añadir la expresión o archivos electrónicos junto a la palabra sobres.

Para indagar en las razones, al menos expresas, que no siempre son las únicas, de la modificación introducida por el RDL 15/2020, acudí a su exposición de motivos, según esta la reforma del precepto se encamina a permitir que la apertura de la oferta económica sea realizada en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos.

Lo curioso, sin embargo, es que el RDL 15/2020 no modificó la apertura de la oferta económica, en eso el art. 159. 2 d) permaneció intacto, limitándose a añadir los archivos electrónicos a los sobres, como documentos que también debían abrirse en el acto público.

La exposición de motivos del RDL 15/2020, por lo demás, señala que la modificación está en línea con la regla general de presentación de ofertas por medios electrónicos establecida en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP  y que, además, permite resolver el problema coyuntural que se plantea en aquellos procedimientos de adjudicación cuya tramitación se ha reanudado por resultar indispensables para el funcionamiento de los servicios esenciales de la Administración Pública pero en los que no es posible proceder a la apertura de los sobres por las restricciones derivadas de las medidas de contención adoptadas para mitigar la propagación de la pandemia COVID-19.

La exposición de motivos del RDL 16/2020 es más lacónica y se limita a decir que se introduce una mejora técnica en la modificación del artículo 159.4; la mejora técnica consiste en la reintroducción del primer párrafo del inciso d) del apartado 4 del art. 159, con la mención, eso sí, de los archivos electrónicos y la eliminación de cualquier referencia al acto público de apertura de sobres y archivos electrónicos, por lo que deduzco que la mejora técnica consiste en hacer desaparecer el acto de apertura pública de los sobres. La modificación en esto, aunque sin decirlo, parece más ambiciosa que la que anunciaba la exposición de motivos del RDL 15/2020 pues no solo elimina la publicidad de la apertura de los archivos electrónicos sino de los sobres, los de papel de toda la vida, que es de suponer que algún día volverán a presentarse.

Como le digo, no soy experto en contratación administrativa ni me ocupo habitualmente de estos temas, quizá Vd. sea capaz de encontrarle explicaciones que yo solo sospecho y que no quiero exponer para evitar conjeturar.

 

Redacción original

DF 7ª RDL 15/2020, de 21 de abril (BOE 22/04/2020) 

DF 3ª RDL 16/2020, de 28 de abril (BOE 29/04/2020) 

4. La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:

[…]

d) La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres.

La apertura de los sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos.

[…] 

f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar efectuada con anterioridad al acto público de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de aquella.

Tras dicho acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a:

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación.

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

 4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.  

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.  

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva.  

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.

4. La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:

[…]  

d) La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley. En todo caso, será público el acto de apertura de los sobres o archivos electrónicos que contengan la parte de la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan emplearse medios electrónicos. A tal efecto, en el modelo de oferta que figure como anexo al pliego se contendrán estos extremos.

4. La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:

[…]

d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos.  

La apertura de los sobres o archivos electrónicos conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 del artículo 326 de la presente Ley.  

f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra anterior deberá estar efectuada con anterioridad a la apertura del sobre o archivo electrónico que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.  

Tras la apertura del sobre o archivo electrónico y en la misma sesión la mesa procederá a:  

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas.  

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna prohibición para contratar. 

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la comunicación. 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.  

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.»

 
 
El pasado 11 de febrero se publicó en el BOJA el Decreto por el que se regulan las viviendas turísticas de Andalucía (Decreto 28/2016, de 2 de febrero). El Decreto viene a llenar el vacío normativo que existía en la comunidad autónoma respecto de aquellos alquileres de viviendas, denominadas turísticas, que habían quedado excluidas de la regulación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley  4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas.

¿A qué viviendas les es aplicable el Decreto?

El Decreto es de aplicación a las viviendas con fines turísticos, a las que define como aquellas ubicadas en inmuebles situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer, mediante precio, el servicio de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía de forma habitual y con fines turísticos.

Desde el 7 de octubre de 2015 el plazo de para demandar el pago de la mayor parte de las deudas se reduce a cinco años. Hasta esa fecha el plazo era de quince años, ahora, tras la entrada en vigor de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, publicada en el BOE de 6 de octubre de 2015, el plazo se reduce a cinco años.

La Ley 42/2015, de 5 de octubre modifica, entre otras normas, el art. 1.964 del Código Civil que es el que regula el plazo de prescripción de las acciones personales que no tengan un plazo especial. Es decir, establece el plazo en el que se podrá demandar el cumplimiento de aquellas obligaciones y contratos que no tengan establecido otro plazo.

La mayor parte de las obligaciones derivadas de contratos están sujetas a ese plazo. Así, por ejemplo, le es de aplicación este plazo de prescripción a las acciones para reclamar el precio en una compraventa o para pedir la resolución de un contrato por incumplimiento.

Si está leyendo este post es porque muy probablemente se sienta víctima de alguna compañía de telefonía. Sepa que no es el único. Somos muchos los que en uno u otro momento hemos sufrido los errores, cuando no los abusos, de estas empresas.

Según el informe de datos de 2014 de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria (OAUT), el año pasado se recibieron en dicha oficina un total de 34.327 reclamaciones frente a las 31.612 de 2013.  De esas reclamaciones el 61,3 % fueron resueltas a favor de los usuarios.

Seguro que en alguna ocasión se ha sentido insatisfecho con la reparación del coche, ha tenido una mala experiencia con el servicio postventa de la lavadora o se ha sentido maltratado por la compañía suministradora del agua o del gas.

En muchos de esos casos dejamos de reclamar por temor a que el collar pueda salirnos más caro que el perro. Suele tratarse de cuestiones de escasa entidad económica que no justifican el importante desembolso económico que lleva aparejado un pleito ante los tribunales. En estos casos tenemos dos opciones. Podemos formular una queja o denuncia ante la administración competente que, en caso de que el empresario o profesional  haya incurrido en  infracción administrativa, lo sancionará con una multa de la que nosotros no percibiremos nada o podemos acudir al procedimiento arbitral de consumo, un procedimiento gratuito, previsto para resolver los conflictos que puedan surgir entre consumidores y empresas y al que me voy a referir en las siguientes líneas.

 

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07 Jun 2015 Escrito por
Publicado en Blog
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La sociedad de gananciales

27 May 2015 Escrito por
Publicado en Divorcios

Bienes privativos y bienes gananciales

 

El matrimonio tiene efectos económicos entre los cónyuges y frente a terceros y a la regulación de esos efectos se le denomina régimen económico matrimonial. En el derecho civil común español, el que regula el Código Civil y rige en la mayor parte del territorio nacional, existen tres regímenes económicos matrimoniales (sociedad de gananciales, separación de bienes y participación) a ellos hay que unir los que regulan los  derechos forales. De los  regulados en el Código Civil, los más comunes son el régimen de gananciales o sociedad de gananciales y el de separación de bienes.

Presentación

11 May 2015 Escrito por
Publicado en Presentación

Sea bienvenido al blog de Vázquez Espejo Abogados. Un blog jurídico que nace con una intención divulgativa. Intentaré desde él dar respuesta a las preguntas que con más frecuencia me formulan mis clientes, huyendo, en lo posible, de tecnicismos y del abogadés, ese idioma que con frecuencia usamos los abogados y que sólo nosotros entendemos. Les prometo que haré todo lo que esté en mi mano para ser claro. Si me desvío de mi intención, díganmelo.

Nosotros

25 años defendiendo a nuestros clientes son nuestro mejor aval .

Abogados en Granada y en Alhaurín el Grande, Málaga..

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